La entonces presidenta brasileña Dilma Roussef y su vicepresidente Michel Temer en una ceremonia en Army Club, Brasilia
Este jueves se cumplió un año desde que la expresidenta brasileña, Dilma Rousseff fue destituida, y sustituida por entonces su aliado de Gobierno, Michel Temer.
El “golpe de Estado” contra Rousseff comenzó a gestarse en 2015 por haber supuestamente “maquillado” cuentas públicas a través de las llamadas “pedaladas fiscales”. Al final, el 31 de agosto de 2016, el Senado de Brasil declaró a Rousseff culpable de corrupción, con 61 votos a favor y 20 en contra, y ordenó su destitución definitiva.
Temer, que acaba de cumplir un año frente al Gobierno tras el juicio político que sacó del poder a Dilma Rousseff, ha recibido constantes críticas por sus medidas económicas y polémicas decisiones, actualmente disfruta de una pésima aprobación por parte de los brasileños, ya que, de cada diez, ocho ciudadanos desaprueban la gestión del presidente interino.
Acusaciones de corrupción e impopularidad
La Procuraduría General de la República acusó a Temer de integrar una asociación ilícita, corrupción y obstrucción de la Justicia, con base en la grabación de un diálogo entre el mandatario y el dueño del frigorífico JBS. Igualmente, al menos ocho ministros de Temer están bajo investigación por sospechas de corrupción en el caso Lava Jato, que investiga una masiva red de corrupción en la estatal Petrobras. Casi un tercio del Senado y unos 40 diputados, de prácticamente todos los partidos, también están bajo la mira de la Justicia.
Ataques al Partido de los Trabajadores (PT)
Después de los resultados electorales que reeligieron a la presidenta Rousseff en Brasil, una fuerte polarización marca desde 2015 el escenario político en el país suramericano. Tanto la jefa de Estado como el expresidente y líder PT Lula da Silva enfrentan una campaña de desprestigio por parte de sectores opositores, que los acusan por ser los responsables del fraude masivo en Petrobras.
En este sentido, la clausura del sexto Congreso Nacional del PT, los militantes exigieron el sábado en uno de sus documentos que "cese" la "persecución judicial" a su fundador, Luiz Inácio Lula da Silva, quien es procesado en cinco causas penales.
El pronunciamiento de la formación política se produjo después de que el Ministerio Público de Brasil pidiera prisión para Lula por supuestos cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la causa Lava Jato.
Sin embargo, según los últimos sondeos, el pueblo brasileño votaría a Lula, en caso de presentarse como candidato. Pese a las acusaciones que enfrenta por presunta corrupción, el exmandatario, que gobernó de 2003 a 2010, sería votado, según Datafolha, por el 30 por ciento de la población, frente al 15 por ciento cosechado por el segundo candidato, el populista de derecha Jair Bolsonaro.
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