Por Darío Pignotti / Resumen Latinoamericano -
Al menos 28 personas fueron heridas y otras 15 detenidas por los efectivos de la Policía Militarizada durante una protesta
Los movimientos sociales y el PT condenaron la represión policial contra los manifestantes que rechazaban el aumento del transporte público. En San Pablo gobierna la oposición, que prometió insistir con su política. Avanza una Ley Antiterrorista.
Miles de indignados se manifestaron en San Pablo contra el aumento del boleto del subte y el colectivo.
Movimientos sociales y el Partido de los Trabajadores condenaron ayer la represión de la policía del estado de San Pablo, gobernado por la oposición, contra los manifestantes que se movilizaron en repudio al aumento del transporte público.
“Defenderemos nuestro derecho a manifestarnos. Si la policía aumenta la represión, nosotros vamos a aumentar la resistencia”, anunció ayer el Movimiento Pase Libre, que el martes marchó a la cabeza de miles de indignados contra el aumento del boleto de 3,50 reales a 3,80 (0,9 dólares), en vigor desde la semana pasada en San Pablo. Los Campesinos Sin Tierra se sumaron ayer a la condena del accionar de la policía paulista.
Hubo otros actos en Río de Janeiro y Belo Horizonte donde también se encareció el pasaje.
Al menos 28 personas fueron heridas y otras 15 detenidas por los efectivos de la Policía Militarizada de San Pablo el martes, en la segunda concentración numerosa del año para rechazar el alza de los colectivos y el subte, que coincide con un desempleo del 8,9 por ciento que amenaza trepar al 10 por ciento en los próximos meses.
La Policía Militarizada disparó una “bomba cada siete segundos” (de estruendo y la de gas lacrimógeno) según el conteo realizado por el diario Estado de San Pablo, mientras la madre de un estudiante de arquitectura de 19 años afirmó que el proceso de las autoridades por las heridas sufridas por su hijo que debió ser operado.
“La policía busca cualquier pretexto ridículo para reprimir a la población… nos ponen las armas en la cara” denunció Victor Quintiliano, del Movimiento Pase Libre. Las declaraciones de Quintiliano, formuladas el martes en el centro de San Pablo, de repente se hicieron inaudibles debido al estruendo de los disparos de la policía mezclado con los gritos de decenas de chicas que escapaban de los gases lacrimógenos y las balas de goma.
Una columna de indignados marchó detrás de un pasacalles negro con letras blancas que decía “Boleto a 3,80 reales. El pueblo no aguanta más”.
El grupo Periodistas Libres filmó a un policía el martes mientras “sembraba” un explosivo en la mochila de un estudiante, que luego fue detenido en una comisaría del elegante barrio paulista Jardines.
Los ataques policiales son motivo de una guerra paralela entre la cadena Globo, que en general justifica el accionar de los agentes del orden, y “guerrilleros” mediáticos que contradicen, con imágenes, aquella narrativa.
El duelo de informaciones nació en las protestas de 2013, cuando el grupo Midia Ninja sorprendió a policías de civil lanzando bombas Molotov para causar confusión en una protesta que se realizaba en Río de Janeiro. Mientras tanto, en San Pablo, otro agente fue pillado por reporteros independientes de las empresas cuando destrozaba un vehículo policial.
En la movilización del martes la violencia policial fue contada casi en tiempo real por las agrupaciones independientes a través de las redes sociales.
“Presencié una masacre, estamos en medio de una guerra. La libertad de manifestación no existe en San Pablo”, contó en Facebook el cura Julio Lanzelotti, coordinador de la Pastoral de la Calle.
Estallido 2013
A mediados de 2013 el Movimiento Pase Libre estuvo al frente de los actos contra el alza del transporte en San Pablo, que luego se replicaron en decenas de capitales, con millones de inconformes que expresaron reivindicaciones diversas. Fue una convulsión inesperada con pocos antecedentes desde la restauración democrática en 1985.
Al hacer un balance de lo sucedido hace 3 años, los dirigentes de Pase Libre, en su mayoría jóvenes universitarios, reconocieron la falta de experiencia para conducir semejante marea humana diseminada por todo el país. Contaron que los primeros mítines contra el aumento del colectivo no fueron muy concurridos pero se hicieron masivos ante el repudio que despertó la represión policial.
Ayer el gobierno de San Pablo rechazó las críticas al desempeño policial y prometió insistir en su política. “No es posible lo que está pasando” con los “provocadores” que se escudan en el derecho a manifestarse para cometer “crímenes” declaró el secretario de seguridad Alexandre de Moraes, cuyo superior es el gobernador de San Pablo, el conservador Geraldo Alckmin, que aspira a ser candidato presidencial en 2018 por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña.
El mes pasado Alckmin y sus correligionarios Fernando Henrique Cardoso y Aécio Neves se reunieron para expresar su posición común por el impeachment (juicio político) contra la presidenta Dilma Rousseff.
El Partido de los Trabajadores calificó ayer como “cobarde” al gobernador Alckmin y aseguró que esta conducta se repite en todos los estados conducidos por el Partido de la Socialdemocracia donde se “reprimen a la sociedad civil y los sindicatos”.
Como terroristas
Durante una entrevista en la radio de mayor audiencia de San Pablo el secretario de seguridad paulista De Moraes opinó que los activistas presos deben ser encuadrados como miembros de una “asociación ilícita”, equiparándolos a delincuentes comunes o hasta terroristas.
Propuesta aprobada por el conductor del programa, un antiguo relator de fútbol durante la dictadura, que tuvo comentarios elogiosos para la “correcta actuación” policial frente a los atacan la “propiedad privada y pública. “Hagamos realidad lo que dice el lema de nuestra bandera: orden y progreso” propuso el locutor de radio Jovem Pan.
Varios columnistas de esa popular emisora piden casi a diario la necesidad de la pronta aprobación de la Ley Antiterrorista. Es una posición defendida por las grandes cadenas de radio y televisión.
El mencionada Ley Antiterrorista, que puede ser aprobada al reanudarse las sesiones parlamentarias el mes que viene, abre camino para que las protestas sean tipificadas como “atentados a la democracia” afirmó la Central Unica de los Trabajadores.
