Érika Ortega Sanoja - Actualidad RT
Caracas.- El gobierno del presidente Nicolás Maduro insiste en que hay un golpe de estado en proceso en su contra. Sostiene que es alentado desde Washington y que los ejecutores son actores políticos de la oposición, que no buscan realmente elecciones. Quieren llegar al poder por la vía de facto porque la Constitución les impide hacer lo que de verdad desean: desmontar el estado democrático y social de derecho y de justicia que establece la Carta Magna y que construyó el Comandante Hugo Chávez junto al Poder Popular.
Para ello, Estados Unidos y sus aliados en Venezuela promueven la violencia terrorista que evidenciamos hoy en el país.
Si queremos revisar cómo se ha generado la escalada de los últimos días, debemos remontarnos al momento en que la oposición ganó la mayoría de las curules de la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre de 2015. Con una batalla ganada por la contrarrevolución, sobre la base de una profunda guerra sistemática contra la economía venezolana similar a la del Chile de Salvador Allende, la oposición logró capitalizar el descontento de la población.
Al tomar posesión de su cargo el 5 de enero de 2016 y en cadena nacional de radio y televisión, el nuevo presidente del Poder Legislativo, diputado Henry Ramos Allup, aseguraba que su principal tarea sería sacar a Maduro de la Presidencia.
Huelga decir que la oposición no llegó a ser mayoría legislativa en buena lid. Esto lo demuestran conversaciones telefónicas reveladas por diputados del chavismo, donde funcionarios de la gobernación del estado Amazonas se oyen negociando una presunta compra de votos, lo cual en Venezuela es penado por la ley electoral.
Presentadas estas grabaciones ante los medios y ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), esta ordenó a la directiva de la Asamblea que se abstuviera de juramentar a los 4 candidatos del estado Amazonas que el Consejo Nacional Electoral había proclamado: 3 de ellos de la oposición y uno del bloque parlamentario revolucionario.
¿Choque de poderes?
La directiva hizo caso omiso a estas órdenes dictadas por el máximo tribunal y el jueves 28 de julio de 2016 juramentó a los 3 opositores. Con ello, el Poder Legislativo inició una cadena de desafíos al resto de Poderes Públicos Nacionales.
Quienes no viven en Venezuela deben saber que aquí hay cinco poderes públicos: primero, el Ejecutivo, conducido por el jefe de estado y de gobierno, quien además funge como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Existen también: el Legislativo, el Electoral, el Judicial y el Ciudadano, conformado por el Consejo Moral Republicano, que a su vez está integrado por el Fiscal General, el Contralor General y el Defensor del Pueblo.
La Asamblea Nacional opositora se ha enfrentado a todos los otros poderes públicos nacionales. Los medios lo han reseñado como un "choque de poderes", pero en realidad, hasta finales de marzo de 2017, era el Poder Legislativo contra el resto.
A mediados de 2016, el TSJ declaró en desacato a la Asamblea hasta tanto persistiera su renuencia a cumplir las sentencias de la Sala Electoral. Fue así como cada proyecto de ley presentado por la oposición en la Asamblea fue declarado como nulo porque provenía de un acto refrendado por personas que habían usurpado funciones de diputados, tras haber sido cuestionadas por delitos electorales graves.
La derecha mundial destacó este asunto como una supuesta "falta de independencia de poderes públicos" y hasta un "robo de competencias de un poder por otro".
La mesa de diálogo sirvió para que el Gobierno lograra que la oposición se sentara a discutir temas importantes, bajo la mediación del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper; los ex presidentes de Panamá, Martín Torrijos, Leonel Fernández de República Dominicana y de España, José Luis Rodríguez Zapatero y hasta un enviado del Vaticano.
Iniciados los primeros pasos y avances, factores extremistas dentro de la oposición se negaron a continuar con el diálogo y lo implosionaron con el apoyo de factores externos. Para ello sirvió Luis Almagro, quien como secretario general de la Organización de Estados Americanos, actuó como un títere de los Estados Unidos. El uruguayo, rechazado ahora hasta por propio ex presidente Pepe Mujica, se reunió con senadores demócratas y republicanos de ese país, declarados y confesos lobistas contrarrevolucionarios, para recibir la línea.
La elección presidencial en los Estados Unidos hizo bajar un poco la presión en Venezuela ante la incertidumbre tras la elección de Donald Trump. La coalición opositora que antes se había apoyado en Hillary Clinton para sus acciones contra el gobierno de Maduro, no estaban muy seguros de tener el mismo alcance con el nuevo Potus.
De arreglar el lobby con el nuevo inquilino de la Casa Blanca se encargó el ex candidato republicano Marco Rubio, logrando con ello cumplir con sus financistas de Miami.
Dirigentes de la oposición también cabildearon en la OEA para pedir sanciones contra Venezuela, rayando incluso en la comisión de delitos de lesa patria. Ya el ex jefe del comando sur de Estados Unidos, John Kelly, hoy devenido en Secretario de Seguridad Nacional, había advertido que "de haber una solicitud expresa de la OEA o de la ONU, procederían a una intervención en Venezuela", por la supuesta "crisis humanitaria" en la cual se encontraría, según él, la nación suramericana.
El detonante de la violencia
Suspendido el proceso de diálogo frente a las cámaras pero no detrás de ellas, llegó el 2017. Aunque la directiva del año anterior no desincorporó con procedimientos legales a los ciudadanos impugnados de Amazonas, el 5 de enero, el diputado del partido Primero Justicia, Julio Borges, se juramentó en una sesión también anulada por el TSJ. Todos sus actos seguían teniendo como raíz un evento ilegal.
El 30 de abril de este mismo año, dos sentencias de la Sala Constitucional del TSJ provocaron una declaración destemplada de Borges. Frente a múltiples cámaras y micrófonos de medios nacionales e internacionales, dijo que en Venezuela se había instaurado una "dictadura" y rompió en público uno de los documentos que, ante la omisión legislativa inconstitucional, permitía al Ejecutivo concretar asociaciones petroleras.
Acto seguido, anunció las acciones de calle y dijo que la coalición de partidos opositores, no descansaría hasta lograr algo que no está contemplado en la Constitución: las elecciones generales anticipadas.
Un día después, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, dijo en transmisión en vivo del canal del Estado, que las sentencias señaladas por Borges habían producido una supuesta "ruptura del hilo constitucional".
Ante la controversia entre Poderes Públicos, el presidente Nicolás Maduro activó esa misma noche el Consejo de Defensa de la Nación, el cual se convoca según lo establecido en la Carta Magna, como "máximo órgano de consulta para planificar y asesorar al Poder Público en materia de defensa integral de la Nación, soberanía y la integridad de su espacio geográfico".
Este órgano, compuesto por representantes de todos los Poderes más algunos miembros del gabinete del gobierno, recomendaron al Tribunal Supremo aclarar las sentencias controversiales, lo cual fue hecho a la mañana siguiente.
Violencia "no violenta"
Las operaciones de guerra no convencional que se están aplicando en Venezuela tienen su origen en los manuales del golpe suave, creados por Gene Sharp. Se han aplicado antes en países de Europa del Este y no han tenido éxito en este país latinoamericano.
Eso sí, tiene muchos defensores. Al menos una treintena de jóvenes captados hace 10 años en universidades privadas y públicas autónomas, ahora como adultos las aplican con precisión y apoyo foráneo. La fachada para su captación de aquellos jóvenes fueron las organizaciones no gubernamentales que promueven el ideal de "democracia" liberal que sirve a los intereses de Washington.
Durante años, estas ONGs fueron ampliamente financiadas por la USAID y la National Endowment for Democracy, es decir, por el gobierno de los Estados Unidos. Una inversión a largo plazo que ha venido dando frutos a lo largo del tiempo.
Las llamadas guarimbas del año 2014, desestabilizaron gravemente al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El saldo fatal de la violencia política promovida por Leopoldo López en el marco del plan llamado La Salida, dejó como resultado 43 personas fallecidas, miles de lesionados y familias enteras enlutadas. Las pérdidas para la Nación por los destrozos y daños a la propiedad pública fueron cuantiosos.
Muchos de los actuales diputados de la oposición llegaron a sus curules de esa forma. Aunque antes decían que su actividad era parte del "Movimiento Estudiantil", en realidad, las campañas de acciones violentas de estos jóvenes tenía obvias influencias de partidos políticos. De hecho, todos aquellos que participaron en la conducción de las manifestaciones de violencia del 2007, se unieron a partidos que también han recibido financiamiento del Instituto Republicano Internacional (IRI), del Instituto Nacional Demócrata (NDI) y hasta de la Konrad Adenauer.
Son estos diputados, quienes han venido aupando y convocando a actividades de calle que denominan "no violentas", pero que en la práctica pasan hacia la trinchera del terrorismo. En menos de un mes, estos llamados a tomar las calles para exigir la salida de Maduro ha tenido un saldo de 26 personas fallecidas y cerca de 500 heridos.
