Julio Schlosser, el líder de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), durante una protesta celebrada frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), 21 de enero de 2015.
Una comunidad proisraelí ha calificado de “excelente” la decisión del nuevo Gobierno argentino de anular el memorándum de entendimiento logrado por la saliente Administración e Irán sobre el atentado contra la AMIA.
“La noticia es excelente (…) no solo para la comunidad judía, sino para la comunidad argentina”, ha dicho este viernes Julio Schlosser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
Luego de alegar que la decisión del Gobierno de Mauricio Macri es el único camino viable, Schlosser ha indicado que el caso AMIA pasará a manos de una nueva comisión directiva de DAIA en un futuro cercano.
Las declaraciones del dirigente de una de las comunidades más influyentes en la política de Argentina se produjeron después de que el futuro ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmara que, por el orden de Macri, el Gobierno hará caer el memorándum de entendimiento.
La decisión que ha tomado el Gobierno derechista de Macri y que se plasmaría en un escrito que será presentado el lunes próximo, es muy significativa y es un cambio de 180 grados en la política del Estado.
La causa judicial empezó cuando la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) y la DAIA realizaron una presentación para que el memorándum fuera declarado inconstitucional, algo que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó en primera instancia por considerarlo algo prematuro.
El 27 de enero de 2013, los cancilleres de Irán y Argentina, Ali Akbar Salehi y Héctor Timerman, respectivamente, firmaron un acuerdo para hacer avanzar la causa judicial por el atentado contra AMIA, hecho que no fue del agrado de ambas entidades judías.
Varios funcionarios del saliente Gobierno de Cristina Fernández acusaron a la AMIA y la DAIA de poner obstáculos ante la solución del caso AMIA.
El mismo Timerman acusó el pasado mes de abril a estas dos comunidades de mantener un “accionar obstruccionista” que impide el avance de la investigación sobre el atentado en 1994 que dejó al menos 85 muertos y 300 heridos.
Timerman también reiteró que esas organizaciones alimentan campañas que buscan usar dicha tragedia para fines contrarios a los intereses nacionales, tanto políticos como económicos y sociales.
alg/ncl/hnb - HispanTv
